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El Gobierno valenciano quiere reabrir la televisión «a toda costa»
carta de ajuste

El Gobierno valenciano quiere reabrir la televisión «a toda costa»

El Ejecutivo de Puig prefiere seguir adelante pese a las consecuencias judiciales

Día 24/10/2016 - 04.00h

La nueva radiotelevisión valenciana arrancará a toda costa tres años después de su cierre por parte del Gobierno popular de Alberto Fabra. Esa es, al menos, la intención del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para tratar de visibilizar su gestión tras la pérdida de apoyos en las pasadas elecciones. Un camino que, sin embargo, se encuentra repleto de complicaciones, principalmente políticas y judiciales.

La primera está (solo por el momento) superada pese a los retrasos en la elección del Consejo Rector, el segundo paso fundamental para la puesta en marcha de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) una vez aprobada la ley en julio. El pasado jueves, las Cortes daban luz verde a la composición del órgano que se encargará del proceso técnico para el inicio del ente. Lo hacían los grupos que sostienen el Gobierno (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) junto a Ciudadanos y sin el PP. Los populares se ausentaron del hemiciclo por no estar de acuerdo con la forma en la que se ha llevado a cabo la negociación, debido a que se «había señalado» a su candidata, quien fue vetada por Podemos por haber ocupado el cargo de directora de informativos en la extinta Canal 9.

Ahora el Consell no quiere más parones y el objetivo es que la nueva RTVV se abra antes de Navidad. Algunos partidos, como Podemos, aspiran a la fecha del 29 de noviembre, coincidiendo con el tercer aniversario del cierre.

Dudas sobre la normativa

Pero todas las intenciones podrían verse truncadas con cualquier resolución judicial desfavorable. Una de las cuestiones que más preocupa ahora es que el Gobierno central acabe presentando el recurso de inconstitucionalidad que se ha planteado sobre la ley de puesta en marcha de la CVMC por «vulneración del principio de igualdad en la contratación de personal».

El Ejecutivo muestra sus discrepancias sobre varios artículos de la normativa regional: el 42 -relativo a cláusulas sociales y medioambientales en la contratación-, el 46 -sobre régimen de personal- y la disposición transitoria novena -que establece que en las contrataciones temporales se valorará como mérito diferenciado haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo-.

En el caso de los «privilegios» a los exempleados (que denunció en un informe el Consejo Jurídico Consultivo valenciano), la Generalitat ya tuvo que realizar una serie de modificaciones, dado que la reincorporación de los despedidos fue una promesa electoral que no han podido cumplir. Ahora, el Ejecutivo central y el Consell han convocado una comisión bilateral para tratar de negociar una solución antes de llegar a la vía judicial. Ximo Puig se ha mostrado en los últimos días dispuesto a eliminar esta disposición transitoria con tal de evitar el recurso, lo que tampoco resulta del todo sencillo en este momento al especificar las primeras contrataciones de la nueva televisión.

Esta situación, aunque preocupa a la Generalitat, no les impide seguir adelante. El argumento es que un posible recurso del Gobierno solo afectaría a estos dos artículos y a la disposición transitoria de la ley, por lo que entienden que «establecerían una solución cuando se produjera en un futuro».

Contenidos y trabajadores

Por otro lado, se encuentra el pronunciamiento de la Audiencia Nacional. El sindicato CGT fue el único que votó en contra del acuerdo alcanzado con la empresa sobre el ERE de extinción de todos los contratos de la plantilla de la anterior Radiotelevisión y presentó una demanda colectiva que está pendiente de resolución. Si el tribunal lo aceptara, supondría readmitir a todos los trabajadores y abonar todos los salarios de tramitación, con dramáticas consecuencias para el proceso de reapertura.

Además, ello daría más argumentos a quienes consideran que entre la antigua RTVV y la que se pondrá en marcha ha habido una «sucesión de empresas», por lo que podrían denunciarlo.

Pese a todo este embrollo judicial, el Consell quiere seguir adelante. «No podemos paralizar la apertura por más tiempo. Si algo en los tribunales saliera mal, ya veremos cómo lo solucionamos», expresaban desde el Gobierno valenciano esta misma semana. Aun así, todavía no se ha pronunciado sobre los costes y la plantilla, cuestiones que trasladan al futuro director general. La cifra de trabajadores estará, afirman, lejos de los 1.600 de la antigua RTVV.

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